La gestión de la asistencia a víctimas: por qué el modelo público-social es la opción más adecuada
Este artículo analiza de forma rigurosa por qué la asistencia a víctimas del delito —especialmente a través de servicios como el SAVA— debe gestionarse mediante modelos público-sociales y no mediante licitaciones abiertas a operadores mercantiles. A partir del debate actual sobre modelos de gestión en otros servicios esenciales, se examinan las particularidades jurídicas, económicas y técnicas de la asistencia a víctimas: su naturaleza como garantía de derechos fundamentales, la ausencia de margen real para la innovación empresarial, la centralidad de los equipos especializados y la importancia de la estabilidad y continuidad. Se explican además los efectos del IVA, los riesgos laborales y organizativos asociados a la entrada de empresas lucrativas, y se recuerda que la normativa europea, estatal y autonómica permite —e incluso orienta— a utilizar conciertos sociales o convenios con entidades sin ánimo de lucro. El texto concluye que este modelo es el más coherente con la protección de las víctimas y con la adecuada gestión de los recursos públicos.
